La vida de Sofía Partearroyo Ortega, una niña de 11 años de Allen, dio un giro devastador el 12 de diciembre de 2023. Mientras disfrutaba de la pileta del complejo recreativo del gremio docente UNTER en Allen, al que asistía con su padre afiliado, Sofía sufrió un grave accidente. Al arrojarse al agua, golpeó violentamente su cabeza contra el fondo de la piscina, provocándole una lesión irreversible en su médula cervical. Como consecuencia, la niña perdió toda movilidad en sus piernas, gran parte de su motricidad fina y ahora depende completamente de asistencia médica constante para sus funciones básicas.
Ante esta tragedia, los padres de Sofía iniciaron una demanda judicial contra UNTER, exigiendo una reparación integral por los daños. Denunciaron que el sindicato, a pesar de promocionar su complejo como seguro, no brindó las condiciones necesarias para evitar el accidente. Durante el juicio, UNTER adjuntó un informe que reveló la falta de cartelería adecuada en la pileta. Además, la familia acusa al gremio de no haber ofrecido asistencia alguna tras el suceso, dejándolos desamparados en el peor momento de sus vidas.
La Odisea con IPROSS: Demoras y Negligencia en la Provisión de Elementos Cruciales
La lucha judicial contra UNTER no ha sido la única dificultad para la familia de Sofía. Desde marzo de 2024, comenzaron un nuevo calvario administrativo con IPROSS, la obra social provincial. La médica tratante de Sofía prescribió una silla de ruedas especial, un elemento fundamental para su autonomía mínima y el avance en su rehabilitación.
A pesar de las múltiples solicitudes, IPROSS guardó silencio durante meses, sin ofrecer respuestas claras. Ante esta situación, la familia recurrió a la justicia mediante una acción de amparo, obteniendo una sentencia favorable en septiembre de 2024 que ordenaba a IPROSS entregar la silla de forma urgente. Sin embargo, la obra social dilató inexplicablemente el cumplimiento del fallo, realizando el primer pago al proveedor recién cuatro meses después de la sentencia. Además, eligieron un proveedor que demoraría hasta cuatro meses adicionales en entregar la silla, dejando a Sofía con una silla inadecuada desde octubre del año pasado y sin el equipamiento necesario.
Para agravar la situación, tras la imposición de multas por incumplimiento, IPROSS apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Sorprendentemente, el 18/06/2025 lograron que se suspendieran las sanciones económicas y obtuvieron un fallo que consideró que la obra social no había actuado con negligencia, a pesar de que la silla recién terminó de pagarse el 01/07/2025, es decir, mas de un año y tres meses después del primer pedido.
Además de los problemas con la silla, dado que la que hoy tiene no es la que necesita y fue comprada por sus padres por un monto que asciende a los $5.000.000, sin reintegro a la fecha. Hace mas de un año y medio esperan a IPROSS por la silla que Sofia necesita. En dic 2024 realizaron rehabilitación en Buenos Aires y la Obra Social no reconoció ese programa medico, por lo tanto lo pagaron los padres ($3.000.000). Al momento del accidente se realizo la colecta para comprar la prótesis cervical de casi $9.000.000 que fue fundamental para una mejor calidad de vida e IPROSS reintegro en marzo 2024 un porcentaje mínimo. Tampoco reintegraron la estadía de 9 meses mientras Sofia estuvo internada en FLENI. Los padres han sacado prestamos bancarios para afrontar todo esto. Asimismo, IPROSS incumple con la provisión de otros insumos médicos descartables esenciales para el día a día de Sofía. A pesar de contar con prescripciones médicas específicas, la obra social solo proporciona algunos materiales de baja calidad, lo que genera irritaciones y dificultades adicionales para la niña. Los padres deben afrontar de su propio bolsillo la compra parcial de estos insumos vitales, cuando pueden hacerlo, lo que representa una constante y pesada carga económica.
Desde TodoRoca conversamos con Ezequiel Echeverria y Matías Rubio, miembros del estudio jurídico RER que asesoran a la familia nos comentaron: “La situación es realmente complicada, hemos presentado numerosas notas e incluso dos acciones de amparo judiciales, pero IPROSS siempre busca alguna excusa para no cumplir, incluso con sentencias condenatorias, juegan con los tiempos y la necesidad de la gente, olvidándose que estamos ante una niña de 11 años con discapacidad. Ellos deberían velar por el bienestar de sus afiliados, pero pareciera que buscan todo lo contrario”
Hoy, mientras la familia de Sofía en Allen continúa luchando contra un sistema que parece haber olvidado que detrás de expedientes y trámites burocráticos está la salud de una niña con una discapacidad irreversible, Sofía permanece en su casa, enfrentando diariamente carencias básicas, víctima de decisiones tardías e insensibles por parte de quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Ni UNTER ha respondido por el accidente, ni IPROSS cumple con sus obligaciones legales de cobertura
