Ante la ausencia de una propuesta concreta por parte del Gobierno nacional frente a sus reclamos por recursos, los gobernadores de todo el país –junto al jefe de Gobierno porteño– decidieron tomar la iniciativa en el Congreso. Esta semana, formalizaron el ingreso de una serie de proyectos impulsados a través de sus respectivos bloques legislativos, en busca de restituir fondos clave.
La movida legislativa representa una fuerte señal de presión institucional hacia la Casa Rosada, que enfrenta una situación de debilidad parlamentaria y podría quedar en minoría frente a una eventual aprobación transversal de las iniciativas tanto en Diputados como en el Senado.
La amplitud política de los respaldos quedó reflejada en las firmas de los bloques más diversos: Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales. Entre los firmantes se encuentran los senadores José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino (interbloque UP), Anabel Fernández Sagasti (UP), Eduardo Vischi (UCR), Alfredo De Angeli (PRO), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
Uno de los proyectos se centra en el reparto del impuesto a los combustibles. Allí se propone la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, con el objetivo de que esos recursos vuelvan a repartirse según los criterios de la Ley de Coparticipación Federal. En cuanto a la distribución de lo recaudado, se plantea el siguiente esquema: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% destinado al Sistema Único de Seguridad Social.
Además, dentro de la porción provincial, un 25% se distribuiría de forma equitativa entre todas las jurisdicciones, y el 75% restante según el coeficiente de coparticipación vigente.
El otro proyecto relevante gira en torno a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Establece que dichos fondos deberán repartirse también bajo los parámetros de la Ley de Coparticipación, de manera automática, diaria y en las mismas condiciones que prevé el artículo 6 de la Ley 23.548. También aclara que esos recursos serán considerados parte del conjunto coparticipable.
Finalmente, el texto convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir formalmente a esta modalidad.
