Después del fallo judicial adverso emitido por la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF, legisladores nacionales comenzaron a mover fichas para intentar proteger legalmente a la petrolera de bandera.
Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, presentaron en la Cámara Baja una iniciativa que busca reafirmar la soberanía estatal sobre la empresa. En el Senado, los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco presentaron una propuesta similar con el mismo objetivo: reforzar el marco legal vigente y evitar que el Poder Ejecutivo pueda desprenderse de acciones sin intervención del Congreso.
Durante el debate legislativo, Pichetto recordó su acompañamiento a la expropiación de YPF en 2012 y adelantó que presentaría un proyecto para dejar en claro que cualquier intento de perder el control estatal sobre la compañía debe pasar por el Congreso, y requerir una mayoría de dos tercios.
El proyecto finalmente ingresó junto a Agost Carreño y se apoya en el artículo 10 de la Ley 26.741 —la norma que en su momento respaldó la expropiación—, que establece que el Estado no puede vender acciones de YPF sin una autorización legislativa calificada. El nuevo texto, compuesto por cinco artículos, insiste en ese principio y busca darle respaldo político y parlamentario ante la presión internacional.
Uno de los puntos más destacados establece que el Poder Ejecutivo “deberá abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones de YPF S.A. y/o que resulten en la pérdida total o parcial del control del Estado Nacional sobre dichas acciones sin la expresa aprobación del Congreso”.
Para Pichetto y Agost Carreño, se trata de un acto en defensa de la soberanía energética y del control democrático de los recursos estratégicos del país. Advirtieron además que la legislación nacional debe ser respetada tanto dentro como fuera del territorio: “Ningún funcionario ni autoridad extranjera tiene legitimidad para interferir en nuestros asuntos internos”, remarcaron.
Por su parte, los senadores Abad y Blanco presentaron su propio proyecto para ratificar la vigencia del artículo 10 de la ley de expropiación, reforzando lo que definieron como “la inmunidad soberana del Estado argentino”. “La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del Congreso, de nuestros recursos estratégicos y del futuro del país”, señaló Abad.
