Productores de Río Negro elevaron su preocupación por la Resolución 180/2025 del SENASA, que dispone la posible flexibilización de la barrera sanitaria que, desde hace más de 20 años, prohíbe el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. En una audiencia en la Legislatura provincial, una delegación encabezada por Nora Lavayén, de la Federación de Sociedades Rurales, respaldada por el vicegobernador Pedro Pesatti y legisladores de diversos bloques, cuestionó la medida al asegurar que “implicaría un grave retroceso” y pondría en jaque un estatus sanitario construido con esfuerzo y sustento internacional. Además, señalaron que esta normativa fue publicada en marzo de 2025 y luego postergada mediante una suspensión de 90 días por la presión de autoridades patagónicas.
Desde el gobierno provincial, el gobernador Alberto Weretilneck advirtió que “desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo” el trabajo de más de dos décadas. El ministro Carlos Banacloy reforzó esa posición, señalando que eliminar la barrera no reduciría precios para los consumidores locales, dado que ya entre el 60 % y 65 % de la carne consumida proviene del norte del país sin hueso, y pondría en riesgo el acceso a mercados internacionales y los logros sanitarios regionales. Asimismo, Banco‑loy subrayó que la herramienta sanitaria no es una barrera comercial, sino una garantía de competitividad y sanidad.
En paralelo, se impulsó un recurso de nulidad administrativa presentado en Viedma por Lavayén y otros referentes rurales, argumentando que la resolución del SENASA carece de consulta pública, contraviene procedimientos legales y viola derechos adquiridos por la región. En respuesta, se solicitó la intervención directa de la Legislatura patagónica, la creación de una mesa federal con productores, técnicos y autoridades nacionales, y la extensión del estatus sanitario “sin vacunación” a otras provincias, en lugar de eliminarlo en la Patagonia
