El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro se reunió en Octubre de 2024 para abordar el caso de Jorge Bernardo Chechile, quien había sido condenado a tres años y cinco meses de prisión por homicidio culposo agravado y lesiones leves, además de una inhabilitación de diez años para conducir. La condena fue emitida en 2012, pero Chechile no cumplió con la sentencia y fue declarado en rebeldía en 2014. A lo largo de los años, su madre intentó varias veces que se declarara la prescripción de la pena, pero sus solicitudes fueron desestimadas.
En 2023, la madre de Chechile volvió a presentar un pedido para que se declarara la prescripción de la pena. Esta vez, el Juzgado Correccional N° 14 aceptó la solicitud y dictó una sentencia que extinguía las penas impuestas, lo que llevó a la anulación de la declaración de rebeldía y la orden de captura. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como los querellantes presentaron recursos de casación en contra de esta decisión, argumentando que la sentencia carecía de fundamentos legales y que el imputado había eludido la justicia.
Durante la audiencia, el Fiscal General defendió la posición del Ministerio Público, alegando que la sentencia del Juzgado Correccional no consideró adecuadamente la situación del imputado, quien había estado prófugo. La defensa de Chechile, por su parte, argumentó que la madre tenía derecho a solicitar la prescripción de la pena.
El Tribunal, al analizar el caso, concluyó que la sentencia que había declarado la prescripción de la pena no podía considerarse válida debido a las irregularidades procesales y a la condición de rebeldía del imputado. En consecuencia, el Tribunal decidió anular la sentencia del Juzgado Correccional y mantener la suspensión del proceso hasta que Chechile se presente ante la justicia.
Finalmente, el Superior Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de casación presentado por el Ministerio Público, anulando la sentencia que había declarado la prescripción de la pena y ordenando el reenvío del caso al Juzgado de origen, manteniendo la suspensión del proceso hasta que el condenado sea localizado o se presente a derecho.
La decisión del Tribunal resalta la importancia de la legalidad y el debido proceso en el tratamiento de casos penales, subrayando que el derecho a la defensa no puede ser ejercido por aquellos que se sustraen de la acción de la justicia.
Este hombre sigue prófugo de la justicia mientras la familia de la víctima espera agónicamente hace años justicia por la muerte de su hija. Es una cara de la justicia que nos hace reflexionar sobre la desigualdad que existe con personas que cuentan con recursos para evadir las penas y hacerse responsables de sus actos. El presente caso lleva años indignando a la localidad de General Roca y es parte ya de su historia de tristes policiales que marcan un oscuro pasado. Sin embargo, pesan esperanzas en el futuro por este pedido de justicia.
