A González lo acusan de solicitar coimas a distintos contribuyentes a quienes a cambio de una suma de dinero le frenaba los procesos de embargo que había en su contra. La denuncia fue presentada por la propia directora interna de Sumarios Administrativos, quien se desempeñaba como letrado de la entidad.
En su accionar, el abogado también ofrecía facilidades con planes de pago en cuotas para cancelar los honorarios que percibía por ese supuesto accionar ilegal que llevaba adelante y que por lo general acordaba fuera del edificio de la entidad recaudadora que está ubicado en Calle San Martín al 800, a pocos metros del Juzgado Federal de Roca donde hoy se tramita este legajo.
Una de las denuncias en su contra surgió el 15 de agosto del 2023 de parte de una persona que recibió la intimación de pago de una deuda. Al tomar contacto con AFIP en Roca, fue derivado con el letrado quien luego lo convocó en la vereda del edificio y allí le pidió 400 mil pesos a cambio de no llevar adelante la medida.
El segundo caso fue denunciado el 16 de agosto del 2023 cuando una persona explicó que fue a realizar una gestión por un controlador fiscal.
Y la última fue presentada por un empresario de la región a quien González también habría exigido el pago de una suma de dinero. La gestión la había iniciado la contadora de la firma quien llegó al organismo para firmar un plan de pago y de esa manera cancelar una deuda de la empresa en cuestión.
Según consta en la denuncia, el empresario fue contactado más tarde por el propio abogado quien lo convocó a una reunión también en inmediaciones al edificio de calle San Martín al 800.
El empresario tuvo un segundo encuentro que fue gravado parcialmente por el contribuyente a quien el accionar del abogado le había generado sospechas. Allí rechazó el pedido de coimas y más tarde fue notificado del inicio de las acciones legales por parte del organismo recaudador.
Con la denuncia en sus manos, el juez de primera instancia Hugo Greca decidió procesar al abogado por el delito de “exacciones ilegales” y “exacciones ilegales agravadas”, un delito que puede llegar a tener una pena que va desde los 2 a los 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
