La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fijará mañana fecha de reunión de secretarios de la Conducción Nacional y Plenario Federal de delegados, con el objetivo de definir una medida de acción directa. Para el Secretario General Rodolfo Aguiar, tras la estafa presidencial se abre el escenario propicio para una huelga general.
“Tenemos la oportunidad de frenar el ajuste que en poco más de 14 meses dañó muy profundamente nuestro tejido social y productivo”, dijo Aguiar. “Nos gobierna una banda de ladrones. Lo habíamos advertido, pero ahora es visible: queda claro que los que despiden, cierran organismos públicos y recortan salarios son delincuentes comunes”.
“Los hechos que involucran al Presidente son de extrema gravedad, sin precedentes. La credibilidad y confianza del Gobierno se desmoronan y su programa económico agoniza. A la estafa, a la inmoralidad de Milei y su gabinete tenemos que responder con paro y movilización. Si ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta podemos detener el daño social”, agregó Aguiar.
El Sindicato ya se pronunció a favor del juicio político contra el Presidente y los funcionarios del Ejecutivo presuntamente involucrados en la asociación ilícita que estafó traders a través de $Libra, una criptomoneda fantasma. Y pidió al Congreso que no garantice su impunidad.
Para Aguiar se abre ahora una oportunidad para detener, con movilización en las calles y medidas de protesta, la política económica. Desde su asunción, el Presidente impulsó más de 28.000 despidos en el Estado, a los que hay que contabilizar las cesantías en el sector privado formal e informal para completar la radiografía del deterioro social. Datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación estiman una sangría de 230.000 puestos de trabajo.
A los despidos, cierre de organismos, fábricas y empresas, Aguiar subrayó la consolidación de una recesión anclada en la licuación de los salarios. “La inmensa mayoría de los asalariados no logró recomponer el poder adquisitivo que trajo Milei son su devaluación”, precisó. En su última oferta, el Gobierno propuso una actualización para febrero del 1,2% del salario estatal cuando la inflación fue del 2,2%.
