La causa que investiga el accionar de un médico cirujano perteneciente a la plantilla del hospital público Ernesto Accame de Allen avanzó formalmente hacia la etapa de juicio oral. La resolución se da luego de que la fiscalía interviniente concluyera las etapas preparatorias y encontrara elementos de prueba suficientes para sostener la acusación contra el profesional de la salud por el cobro indebido a particulares dentro de una institución estatal.
El expediente se originó tras la denuncia presentada por los familiares de una paciente, quienes advirtieron que el especialista les había exigido un pago monetario para concretar la operación quirúrgica requerida. De acuerdo con la investigación preliminar, el profesional habría solicitado inicialmente una suma elevada bajo el pretexto de cubrir supuestos insumos, recibiendo posteriormente un monto cercano a los 350.000 pesos por parte de la madre de la damnificada.
Ante la gravedad de la situación detectada, las autoridades sanitarias provinciales abrieron de manera paralela un sumario administrativo interno para deslindar responsabilidades disciplinarias. En tanto, el Ministerio Público Fiscal impulsó la vía penal al considerar que la exigencia de pagos particulares por prestaciones en un hospital público constituye un delito penado por la legislación vigente que debe ser debatido en un tribunal.
Con la elevación a juicio ya dispuesta, el proceso judicial continuará en las próximas semanas con la definición del tribunal unipersonal o colegiado que evaluará los testimonios y la prueba documental reunida. El debate buscará esclarecer la conducta del médico frente a las normativas que prohíben categóricamente cualquier retribución económica a pacientes dentro del sistema de salud pública de la provincia.
