El debate por el proyecto de juego destinado a comunidades originarias de Río Negro sumó un nuevo capítulo después de que Roberto Zgaib cuestionara públicamente el tratamiento realizado por Medios del Aire tras una entrevista concedida durante las últimas horas.
Según sostuvo el dirigente libertario, el posteo difundido por el medio no reflejó adecuadamente el contenido integral de la propuesta y terminó reduciendo una iniciativa de desarrollo económico a la posibilidad de instalar casinos en tierras pertenecientes a comunidades originarias.
La propuesta existe y efectivamente contempla actividades de juego. Pero el esquema difundido por Zgaib es más amplio: permitiría que comunidades con personería jurídica y tierras reconocidas puedan acceder, bajo autorización y fiscalización estatal, a licencias para operar casinos, bingos y máquinas tragamonedas, junto con emprendimientos vinculados a hotelería y gastronomía.
El objetivo declarado es que parte de los recursos generados permanezcan en las propias comunidades y puedan financiar servicios e infraestructura.
El proyecto prevé que las utilidades sean destinadas a gobierno comunitario, salud, educación, vivienda, infraestructura y proyectos productivos. También establece un canon para la Provincia de Río Negro, que oscilaría entre el 5% y el 12% de los ingresos correspondientes al juego, y propone que la mitad de ese canon sea destinada a un Fondo de Desarrollo de Comunidades Originarias.
Además, la iniciativa contempla controles públicos, requisitos para mantener las licencias y sanciones frente a irregularidades relacionadas con manipulación de juegos, acceso de menores, lavado de activos o vínculos con organizaciones criminales.
El antecedente de Estados Unidos
Para defender la propuesta, Zgaib puso como ejemplo el sistema de juego administrado por pueblos indígenas en Estados Unidos, regulado desde 1988 a través de la Indian Gaming Regulatory Act (IGRA). Ese antecedente es real y tiene actualmente una dimensión económica considerable. La National Indian Gaming Commission informó que durante el año fiscal 2025 los establecimientos de juego tribal generaron ingresos brutos por 46.200 millones de dólares. El registro comprende 545 establecimientos operados por 246 tribus en 29 estados.
En ese sentido, el modelo no consiste simplemente en autorizar casinos privados dentro de reservas, sino en utilizar la actividad como una fuente de financiamiento para gobiernos y comunidades indígenas. La propia autoridad regulatoria estadounidense sostiene que el juego tribal se convirtió en una herramienta para financiar infraestructura, educación, salud, programas sociales y desarrollo económico.
También existen efectos económicos fuera de las propias comunidades. Un informe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos señaló que nuevos establecimientos pueden beneficiar a trabajadores, gobiernos estatales y locales, comercios cercanos y economías regionales, con proyectos capaces de generar cientos o incluso miles de puestos de trabajo dependiendo de su escala.
Sin embargo, hay dos precisiones importantes. La legislación estadounidense no establece una obligación general de reinvertir exactamente el 60% de las ganancias, como circuló en algunas explicaciones del proyecto. Lo que hace la IGRA es determinar los destinos permitidos para los ingresos netos. Tampoco existe una regla única que obligue a entregar entre el 10% y el 25% de los ingresos a los estados. Esos mecanismos dependen de los acuerdos particulares celebrados entre cada tribu y cada estado.
Un modelo adaptado a Río Negro
La propuesta de Zgaib no plantea copiar literalmente el sistema estadounidense. En Argentina, la regulación del juego pertenece a las provincias y las comunidades originarias no cuentan con el mismo régimen jurídico de soberanía tribal existente en Estados Unidos.
Por eso, el proyecto plantea un esquema de licencias provinciales, fiscalización estatal y convenios específicos.
“No se trata de darle un privilegio a nadie, sino de ordenar una actividad legal, con control del Estado, para que los recursos se queden y se multipliquen en las comunidades y en las localidades donde se asientan”, había explicado Zgaib al presentar públicamente la propuesta.
Tras la repercusión de la entrevista en Medios del Aire, el dirigente insistió en que el eje de la iniciativa está puesto en generar autonomía económica, actividad privada y nuevas fuentes de financiamiento para comunidades que actualmente dependen en buena medida de recursos públicos.
La discusión recién comienza. Además del potencial económico, cualquier avance de una propuesta de estas características deberá abordar aspectos centrales como la regulación provincial del juego, la prevención de la ludopatía, los controles sobre el origen y destino del dinero, la protección de menores y el régimen jurídico de las tierras comunitarias.
El antecedente estadounidense demuestra que el juego indígena puede convertirse en una industria de enorme escala. El debate que plantea Zgaib es si una adaptación de ese modelo puede funcionar también en Río Negro y bajo qué reglas debería hacerlo.
