En respuesta al hallazgo de una organización criminal que operaba desde el Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, donde se incautaron seis celulares en el marco de una investigación por una estafa millonaria a un jubilado, el bloque de legisladores del PRO volvió a arremeter con un pedido de medidas drásticas al Gobierno de Alberto Weretilneck. El espacio busca que la provincia adhiera a la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mecanismo que habilita la implementación del procedimiento de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en cárceles provinciales a solicitud de las jurisdicciones.
El impulsor del proyecto de comunicación, el legislador Juan Martin, estuvo acompañado por sus pares María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. Martin remarcó la urgencia de adoptar tecnología para cortar el flujo de delitos planificados desde el encierro: «Si desde una cárcel se puede cometer un delito, el Estado tiene que tener la decisión y la tecnología necesarias para impedirlo. No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas o se coordinen bandas criminales cuando existen herramientas concretas que Nación ya está utilizando».
Desde el PRO recalcaron que esta demanda no es aislada. Juan Martin y su bancada impulsaron proyectos en 2025 y principios de 2026 para instalar inhibidores de señal, prohibir el ingreso de dispositivos móviles a los internos y considerar la restricción digital como parte constitutiva de la pena de privación de libertad, iniciativas que no prosperaron en las comisiones legislativas. Ante el nuevo marco normativo nacional, Martin exigió que el Ministerio de Seguridad y Justicia rionegrino tramite de forma inmediata ante la Nación la aplicación de los bloqueos en los penales de la provincia.
