El caso, que generó una fuerte repercusión en el ámbito local, se estructura sobre seis hechos concretos que fueron volcados en la pieza acusatoria. Según el detalle expuesto por Zanona, la conducta de la imputada se encuadra bajo las figuras penales de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título, delitos que ponen en jaque la seguridad de los pacientes y la fe pública. La presentación de cargos marca un paso procedimental clave para avanzar hacia las próximas etapas del proceso judicial.
Durante el desarrollo de la audiencia, quedó de manifiesto la complejidad de la situación procesal de Marzano, aunque el fiscal también hizo hincapié en las limitaciones que presenta el ordenamiento legal vigente respecto a las penas. En este sentido, la autoridad judicial advirtió que la actual redacción del Código Penal, sancionada por el Congreso de la Nación, prevé escalas sancionatorias que muchos sectores consideran exiguas frente a la magnitud del riesgo generado por el intrusismo profesional.
Zanona precisó que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal al finalizar el juicio, las penas establecidas por la ley se encuentran actualmente fijadas en un rango que va desde los 15 días hasta un año de prisión. Esta escala, que rige para los delitos de ejercicio ilegal y usurpación, abre un debate necesario sobre la proporcionalidad de las sanciones frente a conductas que, al comprometer la salud pública, suelen generar una alarma social mucho mayor a la que luego se ve reflejada en los años de condena efectiva.
