En el marco del debate educativo actual, la Legislatura de Río Negro aprobó este jueves en segunda vuelta y por unanimidad una ley que regula el uso de dispositivos digitales personales, inteligencia artificial (IA) y tecnologías emergentes en las instituciones educativas provinciales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la legisladora Roberta Scavo junto a Fernando Frugoni y respaldada por un amplio abanico de coautores de diversas bancadas, busca establecer un equilibrio entre el aprovechamiento pedagógico de la tecnología y la protección de la convivencia escolar y la integridad cognitiva de los estudiantes.
La normativa dispone de manera general que la utilización de celulares y otros equipos en el aula quedará supeditada estrictamente a motivos didácticos, de salud, accesibilidad o emergencias, debiendo alinearse con las planificaciones docentes y los acuerdos escolares de convivencia. El texto fija criterios diferenciados según la etapa formativa:
- Nivel Inicial: Queda prohibido el uso de dispositivos personales durante toda la jornada escolar, salvo situaciones excepcionales previamente autorizadas por la dirección.
- Nivel Primario: Se autoriza su empleo únicamente para actividades pedagógicas puntuales, planificadas y bajo estricta supervisión docente, considerando diferencias según el ciclo formativo.
- Nivel Secundario: Su uso estará permitido bajo indicación del cuerpo docente en el marco de sus materias o proyectos institucionales; fuera de esas instancias, la regulación responderá a las pautas de convivencia de cada colegio.
Respecto a la Inteligencia Artificial, el marco legal sancionado explicita que las herramientas generativas deberán utilizarse para potenciar la enseñanza y la producción de conocimiento, garantizando que no reemplacen los procesos de razonamiento ni afecten la formación intelectual del alumnado. A su vez, prohíbe taxativamente el uso de estas tecnologías para vulnerar la privacidad de datos, difundir contenidos sesgados o discriminatorios, realizar ciberacoso o quebrantar la honestidad académica. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos actuará como autoridad de aplicación y dictará los protocolos específicos para la implementación de la ley en trabajos integradores y evaluaciones.
