La implementación de nuevas tecnologías de control de asistencia encendió las alarmas en el sistema sanitario de Río Negro. La Asociación Trabajadores del Estado, con el respaldo en el reclamo de UPCN, manifestó su rechazo absoluto a la instalación de un sistema de registro biométrico por reconocimiento facial destinado a los trabajadores de la salud pública. El sindicato denunció que el Gobierno Provincial, a través de la empresa estatal ALTEC S.E., adjudicó un millonario contrato de mil quinientos millones de pesos a la firma privada Airata S.A., lo que consideran una preocupante falta de sintonía con las urgencias reales que atraviesan los nosocomios en el territorio.
Para los representantes gremiales, la millonaria inversión representa una clara distorsión de las prioridades políticas y presupuestarias del Ministerio de Salud. La secretaria general de ATE Allen y referente provincial del sector, Carolina Suárez, calificó la medida como una contradicción flagrante, señalando que esos fondos públicos deberían ser volcados de manera urgente a revertir el déficit en infraestructura, la falta de insumos médicos básicos, la compra de aparatología y la incorporación de personal de guardia. En la misma sintonía, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, afirmó que el ministro Demetrio Thalasselis intenta desviar la atención de la crisis estructural con tecnología de vigilancia, asegurando que el problema de la salud pública no radica en el cumplimiento horario del personal sino en la falta de presupuesto.
Más allá del reclamo económico, el sindicato planteó una fuerte objeción legal basada en la seguridad y privacidad de los agentes sanitarios. Desde ATE advirtieron que la manipulación de rasgos faciales genera el riesgo latente de robo de identidad en caso de hackeos o filtraciones de las bases de datos. Los dirigentes exigieron al Gobierno que se anule la ejecución del sistema y se cumpla rigurosamente con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, recordando que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP) establece que este tipo de exigencias patronales resultan ilícitas debido a la asimetría de poder entre el Estado y el trabajador, obligando a ofrecer alternativas tradicionales de fichaje.
De acuerdo con los datos que figuran de forma oficial en el portal de Compras de Río Negro, el plan del Poder Ejecutivo contempla el desembarco de estos dispositivos tecnológicos en los treinta y seis hospitales públicos de la provincia y en los ciento noventa Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Sin embargo, el malestar gremial se profundizó en las últimas horas debido a que los pliegos de la licitación dejan la puerta abierta para que el control biométrico facial se extienda progresivamente al resto de los ministerios y dependencias de la administración pública centralizada.
