La Municipalidad de Allen quedó en el ojo de la tormenta judicial. En una audiencia clave, la Justicia tuvo por formulados los cargos contra el actual intendente de la localidad por los delitos de administración fraudulenta y peculado (malversación de fondos públicos). La causa, impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal Celeste Benatti, investiga una maniobra de desvío de fondos que combina el perjuicio económico con una insólita metodología de gestión en las sombras.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre marzo de 2024 y julio de 2025. En ese período, el jefe comunal habría autorizado la compra de un teléfono celular por $479.999 bajo la modalidad de servicio corporativo, acumulando además un gasto en abonos mensuales a nombre del municipio por un total de $596.812,38. Sin embargo, el escándalo mayor estalló al descubrirse el destino del aparato: el intendente se lo entregó a un hombre que no era empleado municipal, no tenía ningún contrato con el Estado ni legitimidad para tener un bien público.
La trama sumó ribetes cinematográficos cuando la Fiscalía describió el rol de este segundo imputado, acusado como partícipe necesario. Según la investigación, el sospechoso no solo usó el teléfono estatal a sabiendas de la ilegalidad, sino que intervino activamente en la estructura jerárquica de la Municipalidad. Desde ese celular corporativo, el particular se arrogaba facultades de gestión e impartía órdenes y directivas de manera indirecta a los propios empleados municipales, consolidando una suerte de «poder paralelo».
La prueba clave: Entre el arsenal probatorio de la Fiscalía se destaca una auditoría del Departamento de Contaduría Forense sobre órdenes de pago secuestradas en un allanamiento al edificio municipal, facturas de Movistar y más de 35 entrevistas testimoniales. La causa se inició por una denuncia penal del propio Tribunal de Cuentas de Allen.
Durante la audiencia, las defensas particulares intentaron frenar la formulación de cargos y patear el tablero: pidieron que se desestimen las pruebas obtenidas en el allanamiento municipal y reclamaron que la imputación recaiga sobre la ex Secretaria de Hacienda. Sin embargo, la magistrada rechazó los planteos defensivos, dio por iniciada formalmente la investigación y fijó un plazo de dos meses (con vencimiento el 30 de agosto de este año) para que la fiscalía termine de armar el rompecabezas de una causa que promete sacudir los cimientos políticos de la ciudad.
