La crisis de la educación superior en la Argentina ha alcanzado un punto de tensión institucional sin precedentes. En un encuentro que reunió a las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), los rectores Beatriz Gentile y Anselmo Torres formalizaron la convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria. La movilización, prevista para el martes 12 de mayo, se presenta no solo como un reclamo salarial, sino como una defensa de la supervivencia del sistema científico-tecnológico en la Patagonia, ante lo que calificaron como una «deriva autoritaria» por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
El rector de la UNRN, Anselmo Torres, puso el foco en la paradoja legal que atraviesa el sistema: la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra plenamente vigente desde octubre pasado, tras ser ratificada por mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno decidió, mediante el mismo decreto de promulgación, no asignar las partidas presupuestarias correspondientes. Según Torres, ante el agotamiento de las vías parlamentarias y judiciales, la única alternativa es el respaldo social masivo en las calles. En un paso más hacia la internacionalización del conflicto, anunció que las universidades realizarán una presentación formal ante la Relatoría de Educación de las Naciones Unidas para denunciar la situación de vulnerabilidad de la educación pública en el país.
Por su parte, la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, advirtió sobre el desmantelamiento silencioso que sufre la academia debido a la pérdida de capital humano. Solo en el último año, la institución registró 275 renuncias de docentes y no docentes, quienes abandonan sus puestos ante la imposibilidad de sostener sus economías personales con salarios que han perdido casi la mitad de su valor real. Gentile subrayó que el ataque del gobierno no es contra la figura de los rectores, sino contra la posibilidad de que los jóvenes patagónicos accedan a un título profesional. La pregunta que dejó flotando en la conferencia fue contundente: de mantenerse este ritmo de desfinanciamiento, la existencia misma de la universidad pública para el año 2030 está en serio riesgo.
El cuadro financiero presentado durante la conferencia es crítico y revela un ahogo operativo total. Los datos indican que los gastos de funcionamiento han caído un 45% en términos reales durante los últimos dos años, mientras que la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología ha sido reducida a cero. En el plano de los derechos estudiantiles, la presidenta del Centro de Estudiantes del CURZA, Sol Martínez, denunció que las becas Progresar permanecen congeladas en los 35.000 pesos desde hace tres años, una cifra que hoy resulta insuficiente incluso para cubrir los costos mínimos de transporte o conectividad para un estudiante del interior.
Desde los sectores gremiales, se vinculó la destrucción del sistema universitario con el retroceso del desarrollo nacional. Mahuen Gallo, secretaria de ADUNC, insistió en que el impacto de este recorte trasciende las aulas, afectando directamente la producción de conocimiento y la calidad de los servicios profesionales que las universidades brindan a la comunidad rionegrina y neuquina. Con el respaldo de todos los sindicatos docentes y no docentes de ambas casas de estudio, la convocatoria para el 12 de mayo busca repetir la masividad de las marchas anteriores, bajo la premisa de que la universidad le pertenece al pueblo y es el motor principal de ascenso social en la región.
