El accionar de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ha vuelto a quedar en el centro de la controversia tras dictar, por segunda vez en menos de un cuatrimestre, la liberación de Miguel Bejarano. El acusado, conocido en el ambiente delictivo de Villa Regina como «Tomi Wallas», está señalado por la Justicia Federal como el cabecilla de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes a gran escala, el lavado de activos y la tenencia ilegal de armas de guerra.
La trama que envuelve a Bejarano no es nueva. Su detención original se produjo el 4 de noviembre de 2025, tras una exhaustiva investigación de tres años encabezada por la Unidad Fiscal de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), bajo la dirección de los fiscales Claudia Frezzini y Diego Iglesias. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad no solo secuestraron cargamentos de cocaína y marihuana —algunos identificados con el sello «Rey del Sur»—, sino que también detectaron un patrimonio injustificado compuesto por vehículos de alta gama y propiedades, cuya exposición en redes sociales había sido el detonante de las pesquisas.
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2025, el juez Mariano Lozano firmó la primera orden de excarcelación para Bejarano y otros integrantes de la banda, permitiéndoles esperar el juicio en libertad. Esta decisión fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal, que subrayó la peligrosidad de la estructura criminal y el riesgo de entorpecimiento de la causa.
La situación sumó gravedad institucional pocos meses después. En una nueva intervención policial, Bejarano fue aprehendido nuevamente tras proferir amenazas directas contra los efectivos que habían participado en su captura original. Según consta en el expediente judicial, el imputado habría increpado a los funcionarios con frases intimidatorias, lo que motivó un pedido de prisión preventiva inmediata para garantizar la integridad de los testigos y la continuidad del proceso.
Pese a este nuevo antecedente de violencia y amedrentamiento hacia el brazo ejecutor de la ley, la Cámara Federal de Roca volvió a intervenir con un criterio que ha generado desconcierto en las esferas de seguridad y justicia. Los jueces Lozano y Richard Fernando Gallego dispusieron una nueva excarcelación para el presunto narco. En su voto, Lozano argumentó que los comportamientos atribuidos a Bejarano no eran pruebas suficientes de que el imputado buscaría obstaculizar la investigación mediante el hostigamiento a funcionarios policiales durante el juicio.
Con esta resolución, «Tomi Wallas» recuperó la libertad mientras la causa principal por narcotráfico y lavado de dinero sigue su curso. La decisión judicial abre un interrogante sobre los criterios de riesgo procesal en causas de alta complejidad y el impacto de estas liberaciones en la operatividad de las investigaciones federales en la Patagonia, especialmente cuando existen indicios de vínculos entre las bandas locales y redes de distribución nacionales que operan en plazas críticas como Rosario.
