El próximo 30 de abril será una fecha clave para el mercado de medicamentos en Río Negro. La Legislatura provincial tratará el proyecto de ley que propone un «reseteo» en las reglas de juego del sector farmacéutico, eliminando los límites territoriales que hasta hoy regulaban la instalación de nuevos comercios. La iniciativa de Alberto Weretilneck busca una apertura hacia la libre competencia, en sintonía con las políticas de desregulación que se impulsan desde el Gobierno Nacional.
El núcleo de la controversia se centra en la derogación de los artículos que establecen distancias mínimas entre farmacias y cupos según la cantidad de habitantes. Para el Gobierno, esta estructura ha quedado obsoleta frente a la demanda actual y la necesidad de modernizar el sistema sanitario. La propuesta incluye, además, la validación legal de la receta electrónica, la telefarmacia y los sistemas de entrega a domicilio, herramientas que el oficialismo considera esenciales para agilizar el acceso a la salud.
Desde el sector comercial, la expectativa es dispar. Por un lado, grupos empresariales con presencia regional y cadenas con base en Viedma y Neuquén ven en esta reforma una oportunidad para expandir su red de sucursales en ciudades con alta densidad poblacional como General Roca, Cipolletti y Bariloche. Por el otro, los farmacéuticos independientes y propietarios de farmacias de barrio expresaron su inquietud ante la posible pérdida de rentabilidad. Sostienen que el modelo actual garantiza que existan farmacias en zonas poco rentables y que una apertura total podría derivar en el cierre de pequeños establecimientos ante el avance de grandes competidores.
En el plano político, el bloque de Juntos Somos Río Negro confía en obtener la mayoría necesaria para la aprobación. El proyecto cuenta con el aval anticipado de La Libertad Avanza y el PRO, quienes coinciden en que la liberalización del mercado favorecerá al consumidor. En contraste, sectores del Peronismo y el Radicalismo han planteado reparos, solicitando que se garantice el carácter sanitario de la actividad y no se trate al medicamento únicamente como un bien de consumo.
