Tras meses de reclamos por parte del sector empresario mediano, que había quedado al margen de los incentivos de la Ley Bases original, el Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI). La norma, publicada bajo el Decreto 242, completa el espectro de promoción iniciado con el RIGI, pero con un enfoque estrictamente volcado a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es dinamizar sectores estratégicos como la energía, la industria y los servicios, facilitando la incorporación de bienes de capital y tecnología bajo un paraguas de estabilidad que el sector privado consideraba indispensable para proyectar a largo plazo.
El nuevo esquema legal contempla proyectos cuya escala de inversión oscile entre los USD 150.000 y los USD 9 millones. Para estos casos, el texto establece beneficios impositivos críticos: la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA para la adquisición de infraestructura, tecnología y la realización de obras vinculadas. Asimismo, el régimen retoma una demanda histórica del sector al disponer la exención total del pago de derechos de importación, superando la precariedad de las antiguas resoluciones 511 y 256 del año 2000 que, durante décadas, dependieron de prórrogas discrecionales y arbitrarias.
Uno de los pilares del RIMI es la drástica reducción de la discrecionalidad administrativa. Al ordenar todos los beneficios en un texto único, la norma busca ofrecer un «blindaje» de seguridad jurídica que proteja al inversor de cambios imprevistos en las reglas de juego, un factor que en el pasado reciente dependía excesivamente del funcionario de turno. En este contexto, el rol de las provincias será determinante en los próximos meses. Cada jurisdicción deberá definir su adhesión al régimen para sumar incentivos locales —especialmente en Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos—, elementos que resultan vitales para fortalecer la matriz productiva regional.
Sin embargo, el éxito del RIMI no dependerá exclusivamente de la letra del decreto o de la coyuntura política. El marco regulatorio enfatiza que la protección del derecho de propiedad y la previsibilidad deben encontrar en el Poder Judicial a su custodio final. En una economía marcada por la volatilidad institucional, el desafío del nuevo bloque legal es trascender las gestiones de gobierno para consolidar a la Argentina como una plaza confiable. Solo así, los actores de la matriz productiva nacional podrán creer en un sistema donde el resguardo del capital invertido sea la regla y no la excepción frente al paso del tiempo.
Nota por: José Ignacio Bellorini
El autor es profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.
