La iniciativa establece que el beneficio sea equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y que esté acompañado por cobertura integral de salud, con el objetivo de garantizar el acceso a la seguridad social y a condiciones de vida dignas para este sector de la población.
En los fundamentos, el proyecto advierte sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo travesti-trans. Allí se menciona que, según distintas estimaciones citadas en el texto, la expectativa de vida de esta población en el país se ubica entre los 35 y 40 años, un dato que —según los autores— refleja el impacto de décadas de exclusión social.
El documento sostiene además que muchas de las dificultades que enfrentan las personas travestis y trans en la adultez son consecuencia de una cadena de discriminaciones y violencias que comienzan a edades tempranas, lo que históricamente derivó en menores oportunidades de acceso al trabajo formal, la salud y la seguridad social.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Daniel Belloso, José Luis Berros, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda.
Según la propuesta, para acceder al beneficio será necesario haber realizado el cambio registral en el DNI y acreditar al menos tres años de residencia efectiva en Río Negro. La asignación sería incompatible con empleos formales o pensiones contributivas, aunque sí podría combinarse con el Monotributo Social.
De acuerdo con sus autores, la iniciativa busca iniciar un proceso de reparación histórica hacia esta comunidad en la provincia. Sin embargo, el planteo abre un debate que ya comienza a instalarse en el ámbito político y social: el alcance de las políticas de reparación y el uso de recursos públicos para sostener beneficios vitalicios en un contexto económico complejo.
