El esquema de salud de los empleados públicos de Río Negro podría enfrentar su transformación más profunda en décadas. A través de un proyecto de ley que busca modificar la histórica Ley Nº 2753, las legisladoras Martina Lacour y Yolanda Mansilla proponen eliminar la obligatoriedad de afiliación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). La iniciativa plantea que el seguro estatal pase a brindar cobertura exclusivamente a aquellos ciudadanos que decidan adherir de forma voluntaria, otorgando al trabajador el derecho de elegir dónde depositar sus aportes.
Los fundamentos del documento son críticos con el sistema actual, al que califican como una estructura que mantiene a los empleados rionegrinos como una «población cautiva». Según las autoras, el objetivo primordial es garantizar la libertad individual y el derecho de cada trabajador a buscar la cobertura médica que considere más adecuada, rompiendo con un monopolio estatal que, a su criterio, ha desconocido históricamente esta facultad del individuo.
El proyecto no es nuevo —reingresa al recinto tras haber caducado en 2024—, pero su reactivación se da en un contexto de fuerte malestar social por las deficiencias del IPROSS. Las legisladoras hacen hincapié en que la obra social provincial enfrenta desafíos estructurales insalvables bajo el modelo actual: deudas millonarias con prestadores, demoras excesivas en la entrega de insumos críticos, cortes frecuentes de servicios en clínicas y farmacias, y una sustentabilidad financiera que pende de un hilo.
En sintonía con la desregulación de las obras sociales nacionales impulsada por el Gobierno Federal, Lacour y Mansilla sostienen que la competencia obligará al IPROSS a ser más eficiente. Argumentan que, lejos de debilitar al sistema público, la posibilidad de que los afiliados «se escapen» a prepagas funcionará como un incentivo para que la obra social estatal mejore su transparencia, reduzca su burocracia y optimice la gestión de recursos para retener a sus beneficiarios.
El desafío de la sustentabilidad
El debate que se viene en la Legislatura promete ser intenso. Desde los sectores que defienden el modelo actual, se suele argumentar que la salida de los salarios más altos hacia el sector privado desfinanciaría la caja común que permite cubrir tratamientos de alta complejidad y enfermedades crónicas de los afiliados con menores ingresos. Sin embargo, el proyecto de las legisladoras del PRO y el PRN apuesta a que la eficiencia administrativa debe ser la única herramienta de sostenibilidad, y no la retención forzada de los aportes de los trabajadores.
De convertirse en ley, Río Negro se sumaría a una tendencia de desregulación que ya ha comenzado en otras jurisdicciones del país, marcando un antes y un después en la relación entre el Estado provincial y sus miles de agentes públicos.
