La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) procedió a realizar una actualización de escalas de oficio que afectó a un gran número de pequeños contribuyentes. Esta medida se fundamenta en el análisis de la capacidad contributiva real mediante el cruce de información proveniente de diversas fuentes financieras y comerciales. El foco principal de la entidad estuvo puesto en los movimientos detectados a través de plataformas de cobros electrónicos y facturación comercial, lo que permitió identificar inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos registrado.
El despliegue de esta herramienta de control generó incertidumbre debido a que muchos contribuyentes consideraban que el nuevo piso de $50.000.000 les otorgaba un margen de protección suficiente. Sin embargo, la normativa vigente faculta a la ARCA a modificar la categoría si los consumos personales, los movimientos bancarios o las adquisiciones de bienes no guardan relación con la facturación emitida. De esta manera, el fisco utiliza la información provista por agentes de retención y entidades bancarias para reubicar a los sujetos en las escalas correspondientes del régimen simplificado.
Este procedimiento administrativo ha derivado en una saturación de consultas hacia profesionales contables en distintos puntos del país, dado que el cambio de escala impacta directamente en el monto de la cuota mensual impositiva. Desde el organismo central, los técnicos encargados de la fiscalización señalan que los mecanismos de control digital son cada vez más precisos, lo que reduce el margen de error en la detección de desviaciones tributarias dentro del sistema.
