Hace más de veinte años que quienes vivimos en el Alto Valle reclamamos por el estado de la Ruta Nacional 22. No es un reclamo nuevo, ni oportunista, ni atado al signo político del Gobierno de turno. Es una demanda histórica de vecinos, transportistas y productores que conviven a diario con una traza deteriorada, peligrosa y claramente insuficiente para la región que conecta.
Por eso sorprende —o más bien indigna— que hoy desde el Sorismo se actúe como si la historia empezara de cero, como si los vecinos del Alto Valle no tuviéramos memoria. Como si nadie recordara quiénes gobernaban (y gobiernan), quiénes legislaban (y legislan) y quiénes tenían (y tienen) poder cuando la Ruta 22 quedó empantanada. El reclamo actual parece construido sobre la idea de que la gente olvida, de que alcanza con levantar la voz ahora para borrar años de decisiones, silencios y responsabilidades propias.
Sin embargo, alrededor de esa necesidad básica, la política local construyó durante años un silencio incómodo.
En 2016, el entonces intendente Martín Soria promovió un amparo judicial que paralizó el Tramo 3 de la Ruta 22, entre Cervantes y J.J. Gómez, cuando la obra ya estaba adjudicada y en ejecución. La discusión no giró en torno a la necesidad de ampliar la ruta, sino al diseño de los pasos elevados, definidos como una “muralla”. Sin embargo, tras frenar el proyecto, no se ofrecieron alternativas técnicas viables ni se construyeron consensos. El resultado fue concreto: tramos detenidos y una obra estratégica bloqueada.
El Sorismo tuvo poder institucional, peso territorial y vínculos directos con gobiernos nacionales afines. Contó con las herramientas para reclamar, negociar o presionar por soluciones estructurales. Pero eligió otra prioridad: no confrontar con los propios. No incomodar al espacio al que se pertenece. No romper la lógica de la obediencia.
Y aun cuando en 2019 Alberto Fernandez -kirchnerista- gana las elecciones, la Ruta 22 quedó afuera de sus prioridades. Martín Soria pasó a ocupar el Ministerio de Justicia de la Nación y María Emilia Soria inició su primera gestión como intendente de General Roca, con un gobierno nacional totalmente alineado. Sin embargo, no se impulsaron soluciones y tampoco se retomó la obra.
La discusión por la Ruta 22 no es nueva ni ideológica. Es, ante todo, un problema cotidiano: tránsito peligroso, demoras, accidentes y una infraestructura que quedó chica para una región productiva que necesita moverse con eficiencia. Es una demanda práctica, casi elemental. Nadie pide un privilegio; se pide seguridad y sentido común.
Ahí aparece el nudo del problema.
Para cualquier dirigente, la lealtad es un valor. Ordena, construye identidad, da pertenencia. Pero cuando esa lealtad se vuelve más importante que la defensa de los ciudadanos, deja de ser virtud y se transforma en límite. Porque el cargo no se debe al partido: se debe a la gente.
Y cuando esa jerarquía se invierte, pasan estas cosas: reclamos que se postergan, obras que no se empujan, discusiones que se evitan. Se gobierna mirando hacia arriba, no hacia el costado, donde están los vecinos.
Lo paradójico es que esas mismas voces que antes fueron prudentes o silenciosas hoy adoptan un tono urgente, casi indignado. Como si el problema hubiera nacido ayer. Como si la responsabilidad siempre fuera ajena. Como si la memoria colectiva no existiera.
Pero la memoria existe.
Y recuerda que la firmeza no puede depender del color político del gobierno de turno. Si se reclama solo cuando el adversario gobierna y se calla cuando gobiernan los propios, eso no es compromiso con la comunidad: es cálculo.
La Ruta 22 no necesita discursos encendidos según la conveniencia del momento. Necesita dirigentes dispuestos a defenderla siempre, incluso cuando eso incomoda a los propios. Si la lealtad partidaria pesa más que la responsabilidad con los roquenses, el problema ya no es la obra pública. Es la política.
